XIII FORO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ISTMO

CENTROAMERICANO, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA: “GLOBALIZACIÓN, BUEN GOBIERNO Y FUNCIÓN PÚBLICA”

 

 

 

 

LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y AVANCES

DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN GUATEMALA

Renzo Lautaro Rosal*

 

 

 

 

 

______________________

 

*  Magíster y Licenciado en Ciencias Políticas.  Fue Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala.  Columnista del diario Prensa Libre.  Docente Universitario en temas de Estado y Gobierno.  Actualmente es el Subsecretario para la Descentralización, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República de Guatemala.

 

Documento presentado en el XIII Foro de la Función Pública del Istmo Centroamericano, Panamá y República Dominicana: “Globalización, Buen Gobierno y Función Pública”, realizado del 27 al 29 de setiembre del 2006, en Guatemala, República de Guatemala, y organizado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, y la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, de la Presidencia de la República de Guatemala.

 

 

 

 

 

 

I.       PRESENTACIÓN

 

         Los procesos de descentralización que han tenido lugar en la región centroamericana durante los últimos veinte años, se han constituido en punto central de las agendas gubernamentales y en un reclamo ciudadano que en el futuro cercano, definirá las grandes prioridades nacionales.

 

         En esa línea se han introducido reformas en los distintos países del área, que han generado marcos legales que tienen como principal escenario la administración pública.  En esto es evidente que la principal reforma ha contribuido a ampliar el debate sobre el traslado de mayores cuotas de poder hacia los gobiernos locales y, en un sentido más amplio, al proceso de formulación de la política pública local.

 

         Empero, hay que reconocer que aunque se han registrado avances en descentralización, en lo  municipal, estos dos instrumentos no solamente modernizan los marcos profesionales de la administración pública, sino que dotan de una nueva etapa los activos sociales de la administración pública de Guatemala.

         No contar con estos instrumentos y el andamiaje legal idóneo, podría eventualmente generar pérdidas del capital y los activos sociales que mueven la gestión pública de este país.

         Hoy, al amparo de este XIII Congreso del ICAP y ONSEC, se presenta de manera breve, el proceso de descentralización en Guatemala.  Por lo que se destaca que apenas es una etapa en construcción, que seguramente sentará las bases para un punto de partida hacia la agenda de consensos, que permita el Estado descentralizado acorde con el desarrollo para nuestros pueblos, en la región latinoamericana. 

 

 

 

II.     CONTEXTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN

 

         Guatemala ha sido escenario de cambios que han modificado el comportamiento del Estado y el gobierno mediante procesos denominados de modernización y reforma de la administración pública, y que han conllevado en última instancia a la revisión y la amplificación en debates políticos sobre el rol del Estado, el gobierno y la sociedad.

 

         Más allá de la polémica, los gobiernos que se suceden en la década de los noventas en nuestro país, se orientan con mayor énfasis a las tendencias del mercado; esta nueva etapa introduce reformas que se tradujeron en concepciones directamente vinculadas a situar la “modernización del Estado y la reforma de la administración pública”, en línea con la reducción de entes públicos, mediante procesos de privatización y desincorporación de instituciones públicas que pasaron a manos de inversionistas privados.

 

         Contrario a lo que pudiera entenderse en la ola democrática de la región en esos años, la misma avanzó por derroteros en los que el debate de Estado, sociedad y gobierno quedó ausente como visiones para configurar un modelo de largo plazo. La controversia avanzó sobre la estructuración de carácter administrativo del proceso de la modernización y reforma de la administración pública. Es en ese contexto en que los gobiernos municipales en la región, adquieren alta relevancia y debates interminables, tanto por los nuevos roles que presentan las reformas y que se derivan para el traslado de funciones competenciales al municipio, como también por la ausencia de una discusión  no concluida sobre la autonomía municipal, dentro de un contexto democrático del Estado. 

 

Es importante resaltar que el municipio en Guatemala alcanzó en los últimos veinte años el reconocimiento constitucional, estableciéndose el Régimen Municipal en el marco Constitucional y la emisión de leyes y códigos municipales que rigen el marco legal del municipio.

 

         En la actualidad los municipios gozan de autonomía en la que el principal avance es la elección democrática de sus autoridades municipales, la delegación constitucional de funciones competenciales, marcos legales de organización y funcionamiento. Otro adelanto es el financiamiento municipal, mediante situados constitucionales en el que se otorgan porcentajes anuales y transferencias de capital.

 

         En un balance  del proceso de descentralización en Guatemala se pueden destacar los siguientes aspectos:

 

·       El avance más importante del proceso de descentralización lo constituye la relativa autonomía política del gobierno municipal para elegir autoridades democráticamente, que dista en términos legales de pretender otorgar autonomías plenas al municipio.

 

·       El municipio ha cobrado mayor vigencia en su rol como ente cercano a la sociedad, con mejores condiciones para anclar capacidades de respuesta ante demandas, conflictos y oportunidades para el desarrollo territorial.

 

·       Se han incorporado nuevas legislaciones que otorgan mayor relevancia al rol del municipio en los niveles de inversión territorial, al situar desde los marcos constitucionales, la participación del municipio en los presupuestos nacionales, como el caso guatemalteco, salvadoreño y costarricense.

 

 

·       Los gobiernos centrales han iniciado la apertura para la discusión de programas denominados de descentralización, aunque en la práctica son procesos de desconcentración.

 

 

 

III.    EL CONTEXTO NACIONAL

         DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN GUATEMALA

 

         El Gobierno de la República de Guatemala reconoce que la concentración en el Organismo Ejecutivo del poder de decisión, de los recursos y las fuentes de financiamiento para la formulación y ejecución de las políticas públicas, impide la eficiente administración, la equitativa distribución de los fondos públicos y el ejercicio participativo de los gobiernos locales y de la comunidad, y que, por el contrario, la descentralización y la participación ciudadana en la gestión del desarrollo, constituyen elementos fundamentales de las estrategias de reducción de la pobreza y la modernización del Estado.

 

         Diversos estudios caracterizan a Guatemala como un país desigual con marcadas asimetrías entre los espacios urbanos y rurales, entre hombres y mujeres, entre los  pueblos indígenas y no indígenas, entre la cantidad de personas que viven en pobreza y las que viven en opulencia. La inversión pública privilegia a la región metropolitana y central en perjuicio de las otras regiones, especialmente aquellas donde habitan los pueblos indígenas, que es donde residen los hombres y mujeres más excluidos y excluidas, pobres, analfabetos y analfabetas, en situación de inseguridad alimentaria, y con la menor atención en cuanto al efectivo goce de los servicios sociales que el Estado tiene obligación constitucional de proveer de forma universal, especialmente en salud, educación, vivienda, empleo y seguridad.

 

         Las grandes diferencias en la distribución de la riqueza se traducen en que un 57% de la población vive en situación de pobreza y un 16% en pobreza extrema, sobre todo en áreas rurales e indígenas, en donde además confluye el hecho de que más del 51% de la población general son mujeres, que viven en áreas rurales y urbano marginales, que muestra un panorama de creciente feminización de la pobreza, y en cuyos casos es más severa que en otros grupos.

 

         Por otro lado, los valores más altos de mortalidad infantil se encuentran entre la población indígena; mientras que la mortalidad materna es la más alta de Centroamérica y una de las más altas de América Latina. Los valores más altos de este flagelo corresponden a las poblaciones indígenas, pobres y rurales. Adicionalmente, Guatemala tiene los índices de desnutrición crónica en menores de 5 años más altos del continente americano. En el 2002, el 43.3% de la niñez menor de 3 años, padecía de desnutrición crónica.

         En este contexto el Gobierno de la República, asume el proceso de descentralización como un medio coadyuvante para reducir la pobreza y las desigualdades sociales, étnicas, de género y geográficas; considera que la participación y acceso a iguales oportunidades entre mujeres y hombres, con prioridad en los espacios rurales, son necesarios para un desarrollo sostenido, así como para construir un país democrático y equitativo.

 

 

 

IV.       VISIONES CONCEPTUALES

 

         La descentralización es el proceso mediante el cual se transfiere desde el Organismo Ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado,- y a las comunidades organizadas legalmente, con participación de las municipalidades, el poder de decisión, la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos de financiamiento para la aplicación de las políticas públicas nacionales, a través de la implementación de políticas municipales y locales, en el marco de la más amplia participación de los ciudadanos y ciudadanas.  

 

         La descentralización es un proceso de carácter político, que demanda la distribución territorial del poder público entre entidades políticas dotadas de autonomía y de gobiernos propios elegidos libremente. Por lo tanto, es un producto de la democratización, y un instrumento político  idóneo para la planificación democrática del desarrollo,  la reducción de la  pobreza y la modernización del Estado.

 

         En consecuencia, conforme el marco constitucional y legal vigente, el Organismo Ejecutivo promoverá, en primer lugar, la transferencia de funciones, recursos y toma de decisiones hacia los gobiernos municipales, conservando el Gobierno Central las funciones normativas y reguladoras; seguirá siendo  responsable de la gestión estratégica de la política de desarrollo, la reforma y modernización de la administración pública, el establecimiento de normas de calidad para la prestación de servicios públicos, y la supervisión de su cumplimiento.

 

         El  proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo será visible en sus primeros resultados, en términos de la modernización de los niveles nacional y municipal de administración de gobierno,  por la vía de una descentralización tecnocrática-administrativa;  a mediano y largo plazo se notará el impacto en  la democratización del Estado y de la sociedad, a través de redistribución del poder y nuevas relaciones intergubernamentales entre la Administración Nacional y las municipales,  mediante  una concertada gestión descentralizada del  territorio, en donde la participación ciudadana es consustancial y determinante.

 

 

 

1.      Concepto de desconcentración

 

         Es el traslado de funciones desde un nivel superior a otro inferior de la misma organización. Es un mecanismo para acercar la prestación de los servicios a más ciudadanos y ciudadanas, o en más territorios distintos de la sede territorial de la Administración Central.

 

         El Gobierno Central fortalecerá el nivel departamental de gobierno para que coordine la prestación eficiente de los servicios desconcentrados, y articule el nivel nacional con el municipal. 

 

 

 

Descentralización de competencias

 

         La gestión descentralizada del territorio reclama una redefinición de las competencias de la administración pública que permita, en el contexto del proceso de descentralización, y la  transferencia de  competencias al nivel municipal de gobierno, bajos criterios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

 

 

 

V.          OBJETIVOS Y ESTRATEGIA

 

 

Objetivo general

 

         Contribuir a que los y las guatemaltecas eleven sosteniblemente su nivel de vida, a través de la democratización del Estado y la sociedad, mediante la gestión territorial descentralizada, como un medio para contribuir a la reducción de la pobreza  por la vía del desarrollo económico local participativo e inclusivo, en la búsqueda del bien común. 

 

         Con esta política se establece el marco de orientación para el fortalecimiento de las capacidades reguladoras del Gobierno Central, la institucionalidad municipal y la transferencia de competencias, recursos y poder de decisión a las municipalidades, habilitándolas para planificar, financiar y ejecutar las competencias propias y las atribuidas por descentralización, tomando en cuenta los ejes transversales de género, pluriculturalidad, y gestión ambiental.

 

 

 

Objetivos específicos

 

 

Transferir competencias

 

         Desconcentrar competencias a los departamentos y descentralizarlas a los gobiernos municipales. La gestión desconcentrada y descentralizada de competencias se desarrollará en el marco de relaciones de coordinación con las gobernaciones departamentales y con los gobiernos municipales,  para aumentar la eficiencia del Estado en el cumplimiento de sus fines tendentes al bien común, establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala.

 

         Con este objetivo se da alta prioridad al impulso de procesos donde los ministerios sectoriales, en coordinación con los gobiernos municipales, las autoridades de los pueblos indígenas  y la sociedad civil, definen un  reordenamiento sistemático  del sector público según competencias y atribuciones y se determine, mediante criterios objetivos, las idóneas para ser desconcentradas y descentralizadas, bajo criterios de viabilidad política, técnica y financiera.

 

         De conformidad con lo dispuesto  en la Ley de Idiomas Nacionales, en la prestación descentralizada de servicios públicos, la población deberá ser informada y atendida en el idioma propio de cada comunidad lingüística.

 

         Se  gestionará una normativa específica que establezca el mecanismo que  asegure, en caso de incumplimiento del régimen convenido para el ejercicio de competencias descentralizadas, la recuperación de las mismas por parte de la entidad del Organismo Ejecutivo correspondiente.

 

 

 

Modernización de la administración pública

 

         Fortalecer las capacidades reguladoras del Gobierno Central para coordinar efectivamente con los gobiernos municipales, y servir mejor a la población al proveerle servicios sociales universales, mediante una gestión territorial descentralizada, democrática, transparente y evaluada mediante auditoría social.

 

         Para alcanzar este objetivo el Gobierno Central realizará esfuerzos tendentes al mejoramiento de las condiciones marco de la descentralización, a efecto de fortalecer la base técnico-jurídica e institucional para la desconcentración de la administración pública, y para el traslado y ejercicio sostenible de funciones al nivel municipal.

 

 

 

Mejoramiento de la capacidad de gestión

de los gobiernos municipales

 

         Fortalecer la institucionalidad y gestión municipal para financiar y gestionar con eficiencia sus competencias propias; asimismo, para gestionar con eficiencia las competencias atribuidas por descentralización.

 

         Para obtener este objetivo el Gobierno Central da prioridad a iniciativas orientadas a la modernización de las finanzas municipales, a efecto que los gobiernos locales dispongan de capacidades para utilizar de manera eficiente y eficaz los recursos fiscales propios y transferidos, destinados a satisfacer las necesidades más sentidas de la población, y para promover el desarrollo sostenible.

 

         Adicionalmente, el Gobierno Central contribuirá con procesos orientados a la modernización de la gestión de recursos humanos municipales, de modo que dispongan de personal altamente calificado y motivado para la prestación de servicios públicos con orientación  a la ciudadanía.

 

 

 

Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil

 

         Promover  la efectiva participación en la gestión pública  para llevar a cabo la planificación democrática del desarrollo, en el marco de una gestión territorial descentralizada, para que las comunidades contribuyan efectivamente a que las autoridades electas provean condiciones apropiadas para la gobernabilidad y desarrollo sostenible en sus jurisdicciones.

 

         La participación ciudadana, en especial de las mujeres y jóvenes organizados, es vista por el Organismo Ejecutivo como un principio fundamental de la descentralización de la administración pública, tomando en cuenta que la transferencia de competencias y recursos desde el Gobierno Central hacia las instancias de gobierno más cercanas a la población, demanda  la participación de la población en la gestión pública, para consolidar un Estado democrático.

 

         En esta línea, el Organismo Ejecutivo reitera su decisión de continuar impulsando acciones coordinadas para fortalecer los consejos de desarrollo, para dotarlos de capacidades técnicas y políticas que mejoren  su incidencia  en la gestión pública.

 

 

 

Fomento del desarrollo económico local y rural

 

         Proveer condiciones idóneas para que en los territorios subnacionales se genere crecimiento económico, a efecto que sus pobladores aumenten sus ingresos y puedan contribuir al financiamiento del presupuesto de ingresos propios de sus gobiernos locales. Para esto es necesario establecer alianzas estratégicas entre el gobierno y sector privado, en el marco de una diferenciación y explotación de sus potencialidades geográficas, culturales, étnicas, de género y de recursos naturales, bajo el principio de cooperación.

 

         Se promoverá el desarrollo rural integral, con perspectivas de género, intercultural y ambiental, revalorizando los espacios rurales, abordado por el enfoque territorial y reconociendo su importancia estratégica en la generación de bienes y servicios, superar las desigualdades de la población rural del país, y  mejorar la calidad de vida de todos los y las guatemaltecas.  El Organismo Ejecutivo impulsará acciones para fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales como facilitadores de las condiciones para el fomento de la economía local y rural, a efecto de que la población mejore sus ingresos para poder mejorar el acceso a los servicios públicos de calidad.

 

         Las inversiones y programas relacionados con los cinco objetivos estratégicos anteriores, se orientarán también por la necesidad de fortalecer las capacidades locales, públicas y privadas, para lograr una gestión del territorio que tome en cuenta los factores de riesgo y de vulnerabilidad presentes en el mismo, a la vez que promoverán una adecuada gestión ambiental. La capacidad de las municipalidades para una efectiva gestión del riesgo es básica para el desarrollo territorial.

 

 

 

VI.    ESTRATEGIA GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN

 

         La Política Nacional de Descentralización, PND, del Organismo Ejecutivo, con relación al tiempo, implica para su ejecución, un proceso estratégico de largo, mediano y corto plazo. Debe distinguirse entre la dimensión relacionada con la profundización de la democracia y la formación de ciudadanía, cuyos frutos se ven a largo plazo, y la dimensión administrativa que es más propia del mediano plazo.

 

         En el corto plazo, deben realizarse todas las acciones que resultan necesarias para fortalecer la capacidad rectora de las entidades del Ejecutivo, y las capacidades de gestión de las municipalidades, a efecto que mejoren el ejercicio de sus competencias propias, y se preparen para recibir las que les sean descentralizadas. 

 

         La estrategia de implementación de la política incluye para el  corto plazo los procesos siguientes:

 

1.             Definición del marco de competencias y atribuciones de la administración pública con relación al territorio.

2.             Fortalecimiento del órgano de gobierno responsable de la programación, dirección y supervisión de ejecución de la descentralización del Organismo Ejecutivo, y de otras instituciones estatales vinculadas con la descentralización.

 

3.             Formulación y programación de las políticas, planes y programas sectoriales, relacionados con la desconcentración y la descentralización de competencias y atribuciones, y sus correspondientes líneas de acción.

 

4.             Definición de indicadores para un sistema de monitoreo y evaluación del proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo.

 

5.             Ejecución territorial de las competencias y atribuciones por el nivel nacional y municipal de la administración pública, bajo el principio de coordinación y nuevas relaciones intergubernamentales, amplia y efectiva participación de la sociedad civil y del sector privado.

 

6.             Fomento de la  cooperación intermunicipal  para la gestión mancomunada de competencias descentralizadas.

 

7.             La implementación de la Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo, de conformidad con las etapas anteriores, se realizará bajo el principio de concertación de todos los actores involucrados, en función de utilizar los recursos disponibles para la generación de valor público.

 

8.             El Organismo Ejecutivo aportará los recursos necesarios para la implementación de la presente Política.

 

9.             El Organismo Ejecutivo gestionará ante el Congreso de la República la emisión de la legislación complementaria necesaria para consolidar  el proceso de descentralización.

 

10.         Promover la provisión de servicios de seguridad, educación, salud, empleo, vivienda con calidad, especialmente a las poblaciones más vulnerables.

 

 

 

VII.   AVANCES, RESULTADOS, RETOS Y DESAFÍOS

 

 

1.            La Subsecretaría para la Descentralización:

         una respuesta de gobierno a un tema de Estado

 

La Subsecretaría para la descentralización, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República, SCEP, es el primer esfuerzo institucional del gobierno para consolidar la visión de un Estado descentralizado.  Con la presentación e impulso de la Política Nacional de Descentralización, PND, en el 2005, se dio coherencia a procesos graduales en los que se construye el modelo sobre la siguiente estrategia:

 

·                Crear y fortalecer de forma gradual y creciente la delegación de competencias (servicios públicos) administrados por los gobiernos municipales.

 

·                Reforzar las capacidades de gestión del municipio.

 

·                Ampliar y establecer canales permanentes de comunicación y acuerdos entre el municipio y el Gobierno Central para emprender el desarrollo territorial, la intervención y atención de emergencias nacionales.

 

·                Fortalecimiento de la gestión institucional  y modernización del Estado, que tienda en el mediano plazo a facilitar procesos en el marco del desarrollo local, que trascienda hacia escenarios y mercados internacionales.

 

·                Abrir y estimular espacios ciudadanos en los que se construya con base en la comunicación y pacto social, que tienda a cualificar la función del gobierno y el Estado en los niveles territoriales, en los diferentes niveles de los consejos de desarrollo y en espacios nacionales de diálogo.

 

 

 

2.            Avances y resultados: octubre 2005 a mayo 2006

 

·        Construcción de la agenda operativa de la Política Nacional de Descentralización, PND, integrando equipos profesionales y definiendo agendas con entidades sectoriales.

 

·        Priorización de treinta y cuatro municipios y cuatro mancomunidades para el apoyo técnico y construcción de agendas para la descentralización; estas acciones se complementan con intervenciones en el resto de municipios de Guatemala.

 

·        Elaboración y validación de programas de formación en la metodología de diagnóstico municipal.

 

·        Visibilización y acuerdos institucionales con entidades ministeriales para el inicio de procesos de descentralización y desconcentración, entre ellos: la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, la Contraloría General de Cuentas, Dirección General de Migración, para la emisión de pasaportes,  Departamento de Tránsito, para la emisión de licencias de conducir a nivel territorial, Policía Nacional Civil, para la emisión de antecedentes policiales.

 

·        Firma de convenios con once mancomunidades de municipios: Mancomunidad de Municipios Tzolojya “Manctzolojya”; Mancomunidad de Municipios Kakchiquel Chichoy Atitlán “MANKATITLAN”; Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo Integral del Área Poqomchi MANPOQOM;  Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte; Mancomunidad de Alcaldes para el Desarrollo Integral de los Municipios de la Zona del Polochíc e Izabal; Mancomunidad de Municipalidades de la Cuenca del Río El Naranjo MANCUERNA; Mancomunidad del Nororiente; Mancomunidad de Desarrollo Integral de la Cuenca Copan-Ch’orti’; Mancomunidad de los Municipios de Coatepeque, Flores Costa Cuca y Colomba Costa Cuca, del Departamento de Quetzaltenango MANDIMU; Mancomunidad Metrópoli de los Altos; Mancomunidad de Municipios del Sur Occidente del Departamento de Huehuetenango MANSOHUE.

 

·        Firma de convenios con cuatro entidades sectoriales priorizados en la PND. Estos corresponden a los ministerios de:

 

°     Ambiente

°     Educación Pública

°     Salud Pública

°     Gobernación y Seguridad Ciudadana

 

·        Firma de Cartas de Entendimiento con las siguientes instituciones:

 

°          Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora para la Reducción de Desastres, CONRED

 

°     Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC

 

·        Firma de convenios de cooperación con las siguientes instituciones de gobierno:

 

°     Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM 

°     Contraloría  General de Cuentas de la Nación, CGCN

°     Instituto de Fomento Municipal, INFOM

°     Instituto Nacional de Administración Pública, INAP 

°     Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM

°     Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas, AGAAI 

°     Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP

 

·        Reactivación de la agenda del Programa “Descentralización y Fortalecimiento Municipal” y del Proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Guatemala”, para ejecutar sus componentes en el marco de las prioridades del Gobierno de Guatemala.

 

·        Puesta en marcha de la Estrategia de Centros de Gobierno y Servicios Móviles.  El primer Centro de Gobierno fue inaugurado por el Presidente de la República de Guatemala, Lic. Oscar Berger Perdomo, el 15 de enero del 2006 en la ciudad de Flores, Petén,  y el segundo el 5 de mayo del 2006, en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz.  Estas iniciativas buscan acercar servicios públicos a los ciudadanos y contribuyentes a nivel departamental.

 

·        Establecimiento de la Red Nacional para la Descentralización, RENADE, instancia de coordinación interinstitucional en la administración pública que busca visibilizar y potenciar  el proceso de descentralización.

 

·        Generación de un nuevo espacio de diálogo y política pública con la Secretaría de la Mujer, SEPREM, para la ejecución de componentes de los proyectos de la Unión Europea.

 

·        Instauración de la Mesa de Diálogo permanente con la cooperación internacional, buscando compartir los esfuerzos de gobierno y ampliar áreas de intervención en coordinación con la Subsecretaría.

 

·        Impulso al nuevo marco de coordinación interinstitucional para la intervención territorial con el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, quienes asumen la responsabilidad de la formación y capacitación de funcionarios municipales, y el Instituto de Fomento Municipal, INFOM, para generar  agendas de apoyo técnico a nivel territorial.

 

·        Lanzamiento del Consejo Nacional de Desarrollo, el 28 de abril del 2006. Es en esta instancia en donde se legitima el espacio de acuerdos nacionales entre gobierno y sociedad civil.

 

·        Creación del sistema de monitoreo de los porcentajes de inversión de los Consejos de Desarrollo Sectorial, CODEDES, a nivel nacional, para la creación de programas de apoyo y asistencia técnica para elevar la inversión en programas, con prioridad en la agenda social.

 

·        Construcción de agendas de articulación entre Consejos de Desarrollo Urbano y Rural  y proceso de descentralización, que busca involucrar a funcionarios territoriales del Gobierno Central y sociedad civil para visibilizar la estrategia de fortalecimiento del Gobierno Municipal.

·        Inicio de la ejecución del programa “Manos a la Obra” en treinta municipios del altiplano Occidental, donde se presentan los mayores índices de pobreza y efectos del “Huracán Stan”. El mismo busca restablecer el tejido social  y armonizar agendas ciudadanas para el desarrollo comunitario y local.  También pretende ampliar canales de comunicación con otras dependencias para la atención e intervención coordinada.

 

·        Reactivación de la Unidad Presidencial para la Resolución de Conflictos, UPRECO, con atención actual de los siguientes desacuerdos:

 

°     Finalización del proceso de compensación en el conflicto limítrofe entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

°     Problema limítrofe entre Ixchiguán y Tajumulco.

°     Caso del problema limítrofe de Los Cimientos.

°     Caso de legalización de tierras en la comunidad Río Bravo, Suchitepéquez.

°     Asimismo, UPRECO es parte de la coordinadora interinstitucional para la atención de asentamientos precarios.

 

 

 

3.            Perspectivas de corto plazo: mayo – diciembre 2006

 

·        A partir de mayo, se ha abierto el marco de agendas Gobierno Central-Gobiernos Municipales, para la generación de iniciativas para la ampliación de coberturas de los servicios públicos, la que culminó en agosto mediante la presentación nacional de las Políticas Sectoriales de Descentralización de los ministerios de:   Ambiente; Salud Pública; Gobernación y Seguridad Ciudadana; Educación Pública, e Infraestructura.

 

·        A partir del 15 de junio del 2006, el Proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Guatemala”, de la SCEP, ejecutará programas directamente vinculados a la sociedad civil, buscando ampliar y consolidar espacios para el acuerdo y consenso ciudadano y gobiernos Nacional y Municipal.

 

·        A partir del 1° de julio se inició la ejecución de los grandes contratos del Programa Descentralización y Fortalecimiento Municipal, en apoyo a los procesos de descentralización. Los tres primeros se inician en julio y los siguientes cuatro en agosto del presente año. Los componentes son los siguientes:

 

°     Logro de una visión compartida de descentralización.

°     Planificación municipal e intermunicipal.

°     Formación y capacitación en la gestión municipal e intermunicipal.

°     Marco normativo y jurídico de la gestión municipal y territorial del Estado.

°     Participación ciudadana y social de la mujer y los jóvenes.

°     Fortalecimiento de ANAM y AGAAI

°     Participación indígena en la gestión municipal.

 

 

 

4.            Perspectivas de mediano plazo:  enero – diciembre 2007

 

·        Programa de capacitación a cincuenta y siete municipios sobre mecanismos para la delegación de competencias del Organismo Ejecutivo a las municipalidades de Guatemala.

 

·        Plena ejecución de nueve componentes complementarios del “Programa Descentralización y Fortalecimiento Municipal” en ciento ochenta y nueve municipios de Guatemala, que buscan fortalecer la gestión territorial y función pública local.

 

·        Plena ejecución de dieciséis componentes complementarios del “Proyecto Fortalecimiento de la Sociedad Civil de Guatemala” en cuarenta y cinco municipios, orientado a fortalecer las capacidades y espacios de participación ciudadana.

 

·        Fortalecimiento de las capacidades gremiales e interlocución de las asociaciones de Municipalidades ANAM y AGAAI.

 

·        Incremento en los niveles de coordinación y construcción de agendas territoriales para ampliación de servicios públicos entre los gobiernos municipales y los Ministerios del Organismo Ejecutivo.

 

 

 

5.            Una visión de gobierno para construir un Estado

         descentralizado en el largo plazo 2008-2020

 

El Gobierno de Guatemala, a través de la Subsecretaria para la Descentralización de la SCEP, busca como horizonte hacia el 2020 una visión de Estado en conjunto con la sociedad y sus instituciones democráticas  en los siguientes puntos:

 

·                Generación del pacto nacional para definir el modelo de Estado descentralizado para los siguientes veinte años.

 

·                Reformas legales para ampliar la participación del municipio en Guatemala en el presupuesto nacional, buscando hasta un 30% en los siguientes veinte años y generando un nuevo modelo de inversiones públicas territoriales para el desarrollo.

 

·                Reforzar la autonomía municipal expresada en la capacidad financiera y visión de desarrollo territorial para la recaudación financiera local.

 

·                Modernizar los marcos legales de participación que amplíen y profundicen la democracia local, estableciendo mecanismos de participación y transparencia.

 

·                Fortalecer y profundizar el Estado de derecho y la democracia.

 

 

 

VIII.     A MANERA DE CONCLUSIÓN

         LAS PRINCIPALES LIMITACIONES, RETOS Y DESAFÍOS

         EN GUATEMALA

 

·        La tradición centralista en la región que no reconoce la descentralización como agenda de Estado hacia la construcción de un modelo de participación democrática, sino como programas en los que se oferta desde el Gobierno Central la delegación de competencias en las que prima el poder sectorial, por encima de la autonomía municipal.

 

·        Los partidos políticos y sus dirigentes aún no sitúan la descentralización como parte de  la agenda de largo plazo, con lo que se puede concluir que no contemplan en su  programa  de reforma y modernización del Estado los nuevos modelos de organización y participación ciudadana. Se puede afirmar que el discurso político cuando avanza en esa línea es más una  oferta electoral que no alcanza a formar parte de las agendas de gobierno.

 

·        El debate sobre la autonomía municipal carece del sentido democrático que encarna el rol del gobierno territorial.  Cada uno avanza sobre aquellos puntos relativos a la ampliación de espacios democráticos del municipio, se convierte en reivindicación gremial, más que avances del municipio en su conjunto.

 

·        El nivel de negociación política del municipio frente al Gobierno Central no alcanza grados de debate en la agenda nacional.

 

·        En Guatemala las reformas técnico burocráticas parten de entidades sectoriales de la administración pública, en las que el proceso de descentralización son un programa o proyecto que no afecta la institucionalización del Estado ni la administración pública.

 

·        El contexto político electoral que vive Guatemala 2007 en el que se realizará la elección del nuevo gobierno, seguramente, demandará una nueva agenda de cooperación Gobierno Central-Municipios en materia de consensos y acuerdos nacionales.  En ese panorama, eventualmente tendría relevancia el apoyo a procesos que tiendan a la construcción de grandes pactos político-sociales de largo plazo, en línea con la definición de modelos de Estado y Sociedad; con temáticas que podrían ser incorporadas en agendas de diálogo cívico y político. Hasta ahora la cooperación internacional se ha centrado en la crítica del rezago social en Centroamérica, sin acompañar la búsqueda de grandes acuerdos futuros.

 

·        La generación de nuevos espacios de diálogo, y participación de los dirigentes y líderes políticos que buscan generar debates, en los que se incluya asistencia técnica y apoyo en capacitación para situar el proceso de modernización del Estado, y la reforma de la administración pública, como parte de políticas públicas de largo alcance.

 

         Finalmente, hasta ahora existe con mayor intensidad el discurso de la descentralización en la región. Pero ello no ha significado mayores espacios y reformas legales contundentes en línea como un modelo de Estado descentralizado. Un ejemplo de ello, como en el caso guatemalteco: se reclama un Código Tributario Municipal que amplié capacidades al Gobierno Municipal para recaudación y ordenamiento de la política fiscal del municipio; sin embargo, no se reclama la reforma del Artículo 239 de la Constitución Política, que otorga con exclusividad al Congreso de la República la política fiscal.  Se puede concluir entonces, que ese contexto ha sido insuficiente. Se hace necesario un cambio efectivo del discurso y la práctica de la descentralización, y de la adecuada diferenciación del papel del Gobierno Municipal en la gestión pública territorial, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

 

         Cabe, entonces, preguntarse ¿qué tipo de cambios o qué condiciones relevantes deben producirse para que la institución municipal produzca un cambio efectivo en el discurso y en la práctica de la descentralización en Centroamérica?

 

         Habría que añadir que ese cambio debería expresarse también en las formas y contenidos de las relaciones entre las diferentes instituciones de gobierno en el territorio (municipios y Gobierno Central), y la sociedad misma (ciudadanía y sociedades o comunidades locales), en los espacios, formas e instrumentos en los que se concreta la participación ciudadana y social.

 

         En ese sentido, cabría identificar algunos elementos sustantivos que pueden indicarnos la ruta crítica de esos cambios.  En primer lugar, y con carácter fundamental, habría que situar la cuestión de la autonomía municipal, la del gobierno y de la administración municipal, en un marco de institucionalización democrática.

 

         Se cree que el apoyo a la reforma de la administración pública debe apuntar con mayor contundencia hacia situar la descentralización como propuesta de Estado, y no como programas gubernamentales.  Hasta ahora la insistencia de la cooperación en la región se ha canalizado hacia programas denominados “de descentralización”, que no es descentralización como tal, sino que fortalece procesos de delegación de funciones.

 

         Las reformas institucionales y la modernización del Estado es una apuesta de  largo aliento, en la que no pueden situarse como proyectos de corto plazo con resultados de carácter estructural.  En Centroamérica, la historia y la cultura tienen un peso importante, por lo que los programas tendrán que situarse en contextos de mayor alcance y de largo plazo en la región.

 

         Los esfuerzos en línea con el fortalecimiento y modernización del Estado y el gobierno, deberán implicar abierta y directamente a los partidos políticos, fundamentalmente para converger en acuerdos y pactos que constituyan la visión de largo plazo, en los que la modernización del Estado y la reforma de la administración pública, formen parte de políticas publicas concertadas y consensuadas por todos los actores sociales.   Los pactos de carácter político que implique a los diferentes actores de la sociedad, tendrán impacto en los marcos de la gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Centroamérica.

 

         Apuntar a pactos políticos en los que cada país pueda encontrar y definir el modelo de Estado al que se aspira en los siguientes veinte o cincuenta años, en el que la sociedad en su conjunto asuma el compromiso de país. 

 

         Finalmente, se debe ampliar el debate al más alto nivel del Estado para situar y otorgar en definitiva, un marco que brinde las capacidades y autonomía del municipio en nuestros países, para enfrentar tareas de gobiernos territoriales que incida en el abatimiento de la pobreza, el desarrollo socio económico y la gobernabilidad democrática.